Fotos: autoría Soledad Álvarez Velasco
Transitando de Sur a Norte:
De Ecuador y Venezuela hasta Chicago
Esta sección de nuestro proyecto digital está dedicada a comprender las dinámicas de los tránsitos migratorios desde Ecuador y Venezuela hasta Chicago. A partir de una mirada centrada en las experiencias migrantes y en su saber acumulado, examinamos críticamente las causas que detonaron sus salidas, la complejidad de los tránsitos terrestres transfronterizos —incluido el cruce por el Darién, Centroamérica y México— y, posteriormente, su inserción urbana en Chicago, junto con los desafíos que enfrentan en su nueva vida en un contexto marcado por la arremetida anti-migrante durante los primeros meses de la llegada de Trump 2.0.
Un espacio de cuidado:
Cómo investigamos desde la experiencia migrante
Por Soledad Álvarez Velasco y Xóchilt Bada
Fotos: autoría Charly García
Este proyecto digital se inspira en una consigna ética y política fundamental que colectivos de migrantes han formulado con claridad: “Nada sobre migrantes, sin migrantes”. Por ello, el material que aquí presentamos surge del saber migrante encarnado y de un trabajo colectivo desarrollado entre la Universidad de Illinois Chicago y Lumpen Radio. En este marco, realizamos siete grupos focales —cinco con personas migrantes venezolanas y dos con personas migrantes ecuatorianas—, todas residentes en la ciudad de Chicago.
A partir de estos diálogos colectivos, 26 personas migrantes —20 venezolanas y 6 ecuatorianas— compartieron sus experiencias de vida y reconstruyeron, desde el lugar de destino, las trayectorias hemisféricas que implicaron migrar por tierra desde Ecuador y Venezuela. Estas travesías supusieron recorrer más de 5.000 kilómetros, atravesar entre siete y ocho fronteras nacionales y desplazarse por páramos, selvas, ríos, carreteras panamericanas y territorios remotos, muchas veces por espacios controlados por el crimen organizado. . En el caso de las personas venezolanas, estos recorridos incluyeron periodos de residencia en dos o tres países sudamericanos y tránsitos previos a través de varias fronteras regionales antes de emprender la ruta hacia el norte. Fue en ese desplazamiento cuando sus trayectorias coincidieron en los mismos territorios, aunque no en los mismos momentos, junto a las de personas ecuatorianas y de miles de migrantes de otras nacionalidades, y enfrentaron múltiples formas de violencia antes de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos y, posteriormente, continuar el camino hacia Chicago para recomponer sus vidas.
En el caso de los participantes de Venezuela, se trató principalmente de personas jóvenes, cuyas edades oscilaban entre 18 y 36 años, autoidentificadas como hombres y mujeres, en su mayoría provenientes de contextos urbanos. Las personas ecuatorianas participantes eran migrantes indígenas kichwa de la provincia de Cotopaxi, cuyas edades iban entre 18 y 40 años, y también se autoidentificaban como hombres y mujeres.
La participación de las 26 personas migrantes fue completamente voluntaria y se desarrolló en un marco que priorizó el cuidado, la ética y el bienestar de quienes compartieron sus historias. Antes de realizar los grupos focales, establecimos relaciones de confianza mutua con dos líderes comunitarios, uno de Venezuela y otro de Ecuador, quienes, a su vez, nos pusieron en contacto con el resto de las y los participantes. Todas las personas fueron invitadas a participar con información previa y clara sobre los objetivos del proyecto y las condiciones de su participación en los grupos focales.
Con su consentimiento, llevamos a cabo sesiones de discusión colectiva en un espacio seguro —las instalaciones de Lumpen Radio—, donde procuramos condiciones de escucha atenta, respeto y cuidado. Se garantizó el anonimato de los testimonios. Los participantes sabían que podían retirarse en cualquier momento de la conversación colectiva si así lo deseaban. Se implementaron protocolos de protección y se ofreció una compensación económica como forma de retribución por el tiempo —alrededor de cuatro horas— que las y los participantes destinaron a este ejercicio colectivo, considerando que dicho tiempo coincidía con sus horas laborales.
Estos principios permitieron abordar de manera abierta temas sensibles como la violencia, los secuestros y el impacto emocional del tránsito migratorio. En este sentido, los grupos focales se constituyeron como espacios de diálogo y reconocimiento, y no como instancias de revictimización. Varias personas describieron el proceso de compartir sus historias como una experiencia de sanación y de reivindicación de sus trayectorias. La escucha atenta, junto con la fuerza de la oralidad y las múltiples capas de conocimiento que esta vehicula sobre las realidades venezolanas y ecuatorianas —y, en particular, sobre los tránsitos migratorios a través de los corredores de las Américas, el cruce de la frontera entre México y Estados Unidos, y la llegada y la vida en Chicago—, sentaron las bases para un intercambio de saberes migrantes que constituye la materia prima de las secciones que siguen.
Venezuela y Ecuador:
Los mayores expulsores sudamericanos
en los tránsitos al norte
Por Andreas E. Feldmann
Fotos: autoría Soledad Álvarez Velasco
El crecimiento del movimiento migratorio en el hemisferio occidental es el resultado de una compleja dinámica en la que se entrelazan factores económicos —como la desigualdad en la distribución de la riqueza, el incremento de la pobreza, la falta de inversión para el desarrollo social y local, la precarización laboral, el desempleo y el subempleo—, sociales —incluyendo la falta de acceso a salud y educación, la inexistencia de mecanismos de movilidad social, la debilidad de los sistemas de protección social, el racismo sistémico que afecta a poblaciones históricamente marginadas como los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la violencia patriarcal— y políticos —represión, autoritarismo y corrupción— (Vera Espinoza et al., 2022; De Haas, Castles y Miller 2020, pp. 6–11). A estas causas se suman dos factores relativamente novedosos. En primer lugar, la migración asociada a impactos ambientales —inundaciones y deslizamientos, huracanes, sequías, incendios, aumento del nivel del mar y erosión costera— que ha desplazado a comunidades enteras que se han visto obligadas a migrar ante la imposibilidad de garantizar su supervivencia (Riosmena 2022). En segundo lugar, y de manera aún más relevante, la creciente inseguridad derivada del aumento de la violencia (Bergman 2018, Vilalta 2020, Feldmann y Luna 2022) en contextos de gobernanza criminal (Lessing 2021), donde agentes estatales —muchas veces coludidos con el crimen organizado— extorsionan o reclutan de manera coercitiva a jóvenes, generando desplazamientos masivos (Cantor 2014, Seele et al 2025).
Las expresiones de este contexto de deterioro de las condiciones económicas y sociales, autocratización y el aumento del impacto del crimen organizado en la vida cotidiana de las personas (Luna y Feldmann 2025) se observan con particular nitidez en los casos de Venezuela y Ecuador. El imponente crecimiento de los flujos migratorios contemporáneos en las Américas es, en gran medida, consecuencia del multitudinario éxodo venezolano. De acuerdo con estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 7.7 millones de venezolanos han emigrado desde 2015 (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2023). Esto sitúa a Venezuela en el segundo lugar mundial en número de personas desplazadas, sólo por detrás de Siria, país devastado por una prolongada guerra civil. En términos proporcionales, cerca del 29% de la población venezolana ha salido del país (UNHCR 2023).
La población venezolana huye de condiciones económicas extremadamente adversas, de altas tasas de criminalidad y de una represión estatal creciente (Betts 2019). El ascenso al poder del régimen bolivariano bajo la presidencia de Hugo Chávez (1999–2013) dio inicio a una serie de transformaciones económicas, políticas y sociales vinculadas a procesos de estatización e inclusión de sectores históricamente postergados. Si bien estas políticas tuvieron resultados positivos durante algunos años —impulsadas en gran medida por el boom petrolero de la década de 2000—, posteriormente entraron en un proceso de deterioro grave. La combinación de hiperinflación, ausencia de crecimiento económico y aumento del desempleo ha provocado una severa caída en las condiciones de vida de la población. La situación ha llegado a ser tan crítica que bienes esenciales —como medicamentos, alimentos y energía— y servicios básicos —salud, educación y seguridad— resultan inaccesibles para amplios sectores de la sociedad.
Esta crisis económica, agravada por el régimen de sanciones impuesto Estados Unidos, durante diversas administraciones, ha ido de la mano de un proceso de autocratización profunda, en el cual primero opositores y críticos del régimen, y luego la población en general, han sido objeto de una fuerte represión por parte de agentes del Estado y de grupos de defensa de la llamada revolución bolivariana, como los Colectivos, así como de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que operan en Venezuela con el beneplácito y apoyo del gobierno de Caracas (Zubillaga y Hansen 2023). El proceso de autocratización se intensificó particularmente tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, quien ha respondido a las demandas populares de cambio económico y político con un aumento de la represión y una erosión sistemática de los mecanismos democráticos, incluida la manipulación electoral y la intervención en las instituciones judiciales y legislativas (Feldmann, Merke y Stuenkel 2027, Vdem 2025). Este proceso ha implicado, además, la creciente incorporación de las Fuerzas Armadas venezolanas al gobierno y la purga de oficiales críticos del régimen (Smilde, Hansen y Zubillaga 2023).
A esta doble crisis se suma un deterioro visible de las condiciones de seguridad como resultado del crecimiento del crimen organizado. En particular, ha destacado la emergencia de bandas criminales altamente sofisticadas —como el Sindicato de Las Claritas, la Organización R y el Tren de Aragua— y de esquemas de gobernanza criminal en los que agentes estatales, efectivos paramilitares progubernamentales como los Colectivos o actores armados irregulares como el ELN actúan con motivaciones criminales o en colusión directa con organizaciones delictivas (InSight Crime 2025). Ello ha derivado en elevados niveles de victimización, expresados en tasas significativas de violencia —homicidios, extorsiones, secuestros y desapariciones— en un contexto de altísima impunidad (Smilde, Hansen y Zubillaga 2023, InSight Crime 2025). Si bien las condiciones de seguridad han mostrado cierta mejoría en los últimos años, los niveles de violencia siguen siendo extremadamente altos: la tasa de homicidios, por ejemplo, descendió de 59 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 26,2 en 2024, una cifra aún muy elevada en términos comparativos (InSight Crime 2025b).
Fotos: autoría Soledad Álvarez Velasco
Una situación igualmente preocupante es la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, lo que ha generado un aumento significativo en el número de personas que abandonan el país. Entre 2019 y 2023, la tasa de homicidios se quintuplicó, pasando de 6.8 a 45 por cada 100.000 habitantes. Este incremento, el más pronunciado de América Latina, ha transformado a Ecuador en uno de los países más peligrosos de la región (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado 2023). El fenómeno responde en gran medida a la consolidación del país como un enclave estratégico para el tráfico internacional de drogas, lo que ha generado una dinámica criminal particularmente explosiva y compleja. Estas nuevas condiciones han atraído a organizaciones criminales transnacionales, principalmente colombianas y mexicanas, que se han instalado en el territorio. Paralelamente, grupos locales —como Los Choneros, Los Lobos, Los Lagartos, Los Tiguerones, Chone Killers y R7— se han articulado con actores foráneos y han disputado distintos segmentos del negocio ilícito (InSight Crime 2023c). El resultado ha sido una fuerte fragmentación del campo criminal, acompañada de violentas disputas.
Las organizaciones criminales ecuatorianas han recurrido a formas de violencia antes desconocidas en el país, incluyendo decapitaciones y ahorcamientos, con una exhibición performativa de los cuerpos destinada a generar terror entre la población. A ello se suma el uso de coches bomba, tiroteos constantes y masacres, muchas de ellas perpetradas a plena luz del día (Buschschlüter 2023). Otros delitos, como el secuestro y la extorsión, también han aumentado significativamente. Esta ola de violencia ha afectado a amplios sectores de la sociedad, incluidos políticos, funcionarios públicos y empresarios, algunos de los cuales han sido asesinados, secuestrados o extorsionados. Especialistas en seguridad sostienen que el Estado ecuatoriano ha perdido el monopolio de la coerción, incluido el control de los centros penitenciarios, donde las organizaciones criminales se disputan violentamente el poder y desde donde administran con gran libertad sus actividades ilícitas (Mantilla, Andrade y Vallejo 2023).
La crisis de seguridad coincide con un deterioro visible de las condiciones económicas y sociales del país. Problemas estructurales de la economía ecuatoriana —como bajas tasas de crecimiento económico (2,7% en 2022), endeudamiento fiscal, baja productividad y falta de inversión—, acentuados tras el fin del boom de las materias primas, han tenido un efecto particularmente pernicioso sobre el bienestar de la población. Desde 2017, se consolida una intensificación de políticas neoliberales en el país: el endeudamiento con el FMI y la imposición de políticas de ajuste estructural han operado mediante el desmantelamiento y la privatización de sectores estratégicos del Estado, junto con el recorte de la inversión social, profundizando procesos de desposesión, precarización y deterioro acelerado de las condiciones de vida y oportunidades de vida para sectores jóvenes.A ello se suman eventos adversos como el terremoto de Manabí en 2016 y, de manera especialmente significativa, la pandemia de COVID-19, que profundizó la crisis económica (CEPAL 2023). En 2020, la economía ecuatoriana se contrajo un 7,8% y la CEPAL señala que el 67% del sector productivo no logró recuperar los niveles previos a la pandemia (CEPAL 2023). Para 2023, el 25% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, cinco puntos porcentuales más que en 2019. En el ámbito laboral, aunque la tasa de desempleo es relativamente baja (3.8%), los niveles de informalidad son extremadamente altos y continúan en aumento: en 2023, el 53.4% de la población ocupada trabajaba en el sector informal, lo que representa un incremento de siete puntos porcentuales respecto de 2019 (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado 2023).
Ecuador ha experimentado tres grandes oleadas migratorias desde la década de 1960. Actualmente, cerca del 8% de la población —aproximadamente 1,2 millones de personas— reside en el extranjero: 450.000 en Estados Unidos, 417.000 en España, 83.000 en Italia y 42.000 en Chile (Jokish 2023; OIM 2024). Hasta el momento no existen cifras precisas que permitan cuantificar el éxodo derivado de la actual crisis de seguridad. No obstante, algunos indicios de su magnitud pueden inferirse a partir de los datos de tránsito. El gobierno de Panamá, por ejemplo, reporta que en 2023 ingresaron al país 57.000 ecuatorianos, en su mayoría a través del Tapón del Darién, con la intención de continuar su viaje hacia Estados Unidos (Servicio Nacional de Migración de Panamá 2023).
Corredores migratorios en las Américas:
Movilidad, control y fronterización
Por Soledad Álvarez Velasco
Fotos: autoría Soledad Álvarez Velasco
El primer cuarto del siglo XXI ha estado marcado por transformaciones en los patrones de movilidad migrante y control en las Américas. Entre 2005 y 2020, el continente se consolidó como la región con mayor incremento de migrantes y solicitantes de refugio, pasando de 7 a 15 millones (OIM, 2023). Este aumento no se explica solo por el éxodo venezolano, sino también por la llegada y circulación intrarregional de migrantes de múltiples geografías: de Sudamérica; del Caribe; y de África y Asia, cuyas presencias, aunque menores, han sido decisivas. Para muchos, la primera escala fueron países sudamericanos cuyas legislaciones, hasta entonces, eran más aperturistas y pro-derechos, favoreciendo la movilidad y la integración. Otros continuaron en tránsito hacia EE.UU., mientras miles, al no hallar refugio, reiniciaron trayectorias, encadenando desplazamientos hacia segundos, terceros o cuartos destinos sudamericanos antes de reorientar sus rutas al norte.
El aumento y la complejización de estas movilidades generaron redobles del control migratorio. Del aperturismo inicial —aunque siempre selectivo y discrecional— se pasó a un endurecimiento de los procesos de regularización y de refugio, junto con mayores controles fronterizos. Así, se multiplicaron los tránsitos migratorios irregularizados, protagonizados por personas adultas y menores de edad, cuyas trayectorias colisionaron con formas de control en ruta ejercidas por actores estatales y criminales. Estos tránsitos multi-direccionales y multi-temporales —al norte, al sur o entre países del sur— dibujaron una geografía viva que moldeaba diversos corredores migratorios: espacios heterogéneos transnacionales configurados por la circulación de personas, capital, mercancías y tráficos ilícitos, atravesados por regímenes de control y economías fronterizas, donde lo legal y lo ilegal se entrelazan para sostener la movilidad en tránsito.
Hasta inicios de 2020 destacaban estos corredores migratorios: los que conectan la Región Andina con Centroamérica a través de la selva del Darién, en ruta hacia EE.UU.; los que enlazan el Caribe con Brasil y la Región Andina; y los que vinculan esta última con los países del Cono Sur. Sin embargo, la primera pandemia del siglo XXI reconfiguró estos espacios, impulsando una redireccionalidad masiva hacia el norte y otorgando al corredor Región Andina–Centroamérica un protagonismo indiscutible, con tránsitos globales por el Darién que se multiplicaron de forma inédita .
La pandemia de COVID-19 redujo temporalmente los tránsitos por estos corredores debido a las restricciones a la movilidad. Sin embargo, desde 2021, con la flexibilización progresiva de estas medidas, los tránsitos repuntaron con fuerza, evidenciando que las causas que impulsaban la movilidad migrante no solo persistían, sino que en muchos casos se habían agravado. En un escenario marcado por la desposesión y la amenaza a la vida, entre 2021 y 2024 la movilidad migrante se intensificó, convirtiéndose para muchas personas en la única —y en ocasiones la última— posibilidad de sobrevivir. Esta tendencia se mantuvo hasta mediados de 2024, cuando se intensificó la oleada anti-migrante impulsada desde Washington y replicada por varios gobiernos regionales. Con la llegada del segundo mandato del Presidente Trump, en 2025, el contexto tablero se modificóradicalmente: su brutal ofensiva anti-migrante ha tenido reverberaciones continentales que hoy reconfiguran las dinámicas de estos corredores, actualmente inmersos en procesos de transformación.
Durante este periodo, millones de personas de América Latina y el Caribe, así como de África y Asia, emprendieron o continuaron desplazamientos a lo largo del continente. Algunas ya habitaban la región; otras fueron llegando progresivamente, en un contexto en el que el llamado “sueño americano” se reforzó como una salida posible frente a una crisis social, económica y política de carácter múltiple y persistente. Es en este marco donde se intensificaron las migraciones venezolanas y ecuatorianas hacia el norte (ver Sección 3. Ecuador y Venezuela: causas de salida y trayectorias sur–norte).
Si bien los tránsitos irregularizados persistieron en los corredores antes mencionados, emergió una tendencia clara: la reorientación al norte, desde el Caribe, Chile y Brasil, pasando por Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, con destino final a EE.UU. En este dinamismo, el histórico estrecho que conecta Panamá y Colombia por la selva del Darién, en el corredor Región Andina–Centroamérica, adquirió notoriedad global. Si entre 2010 y 2019, 109.000 personas lo cruzaron; para 2023, esa cifra alcanzó los 520.000 tránsitos de migrantes provenientes de más de 70 países (Migración Panamá, 2025). Este crecimiento explosivo transformó la dinámica regional: economías fronterizas prosperaron; se multiplicaron albergues, hoteles y casas-hotel, y se ampliaron las infraestructuras de movilidad por tierra, río y mar desde Ecuador, Colombia y Panamá. Además, organismos internacionales y ONGs locales, expandieron su presencia humanitaria, mientras actores criminales consolidaban su control. Los cruces por el Darién eran incesantes, impulsados por señales de aperturismo por parte de la administración Biden, lo que atrajo un flujo sin precedentes y permitió que millones de migrantes irregularizados ingresaran al país, incluidos solicitantes de asilo de América Latina, el Caribe, África, Asia y Europa del Este. Para muestra, estos datos: entre 2020 y 2023, la población indocumentada en EE.UU. creció de 10.5 a 14 millones (PEW, 2025).
A julio de 2024, todavía bajo el gobierno de Biden, se puso freno al boom migratorio. Respondiendo a un cálculo electoral ante la campaña de Trump, que presentaba a la llegada migrante como una “invasión” de “criminales” del Sur, permitida por los demócratas, Biden endureció el control fronterizo y restringió los accesos por tierra. Además, se profundizó la política de externalización de la frontera de EE.UU., que encontró en Panamá a un gran aliado.
Fotos: autoría Soledad Álvarez Velasco
Para julio de 2024, José Raúl Mulino asumió la presidencia panameña con la promesa de aplicar “mano dura” y “cerrar el Darién”. Mulino ordenó alambrar la entrada a la selva y se subordinó a la estrategia estadounidense de ejecutar conjuntamente un programa de deportaciones —en su mayoría de ciudadanos sudamericanos— para frenar la “migración ilegal” rumbo a EE.UU. Aunque ese cierre fue en gran medida simbólico, pues los migrantes siguieron transitando por el corredor, el impacto fue claro: las cifras descendieron de 520,000 cruces en 2023 a unos 300,000 en 2024 (Migración Panamá, 2025). Con la llegada de la administración Trump 2.0, los flujos han casi cesado en su totalidad.
En solo ocho meses, la administración trumpista ha desatado una cacería anti-migrante interna como centro de un proyecto blanco-supremacista, oligárquico y tecnofascista, con efectos directos en todos los corredores migratorios de las Américas. Su estrategia que mediatiza y lucra del sufrimiento migrante mediatizado— ha confinado a miles de personas a habitar el miedo y el desgaste emocional, psicológico y social. Paralelamente, la frontera estadounidense se ha militarizado y cerrado, y se ha suspendido el derecho al asilo. Bajo chantajes económicos y políticos, Washington ha impuesto su agenda migratoria e inaugura una nueva fase de externalización: la extraterritorialización de la deportación. Ahora, EE.UU. no solo deporta migrantes a sus países de origen, sino también a terceros países latinoamericanos como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Ecuador, e incluso más allá del continente como a Sudán del Sur La administración también ha deportado nacionales venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de alta seguridad abierta por la administración de Nayib Bukele, donde los migrantes han sido objeto de tortura (Human Rights Watch 2025). Esto ha transformado al corredor Región Andina–Centroamérica, que ha pasado de ser un espacio de tránsitos, a en una zona de contención e inmovilización forzada. Panamá, de hecho, ya recibió 300 deportados en febrero y consolidó su rol como centro regional de detención y deportación tras firmar, en junio de 2025, un acuerdo millonario con EE.UU.
Todo ello ha provocado un freno drástico en la movilidad migrante de sur a norte. A junio de 2025 se registraron solo diez cruces irregularizados por el Darién; los tránsitos irregularizados se desplomaron en un 99% (Migración Panamá, 2025).
Esto ha propiciado giros profundos en la dinámica de los corredores migratorios regionales. Por un lado, el cierre de la agencia de cooperación USAID por parte de la actual administración, uno de los principales donantes de organismos humanitarios impactó los esquemas de protección y asistencia humanitaria regional, reduciendo drásticamente la presencia de agencias internacionales y ONGs en el corredor Región Andina-Centro América. Por otro, la abrupta disminución de cruces también golpeó a las economías fronterizas: sin su motor, migrantes en tránsitos, miles de personas que dependían de esta presencia para trabajo o como fuente de ingreso han visto obligadas a reorientarse hacia el turismo o actividades tradicionales como la agricultura y el comercio local.
Mientras los tránsitos al norte colapsan, los tránsitos en reversa al sur parecen ir aumentando. Entre febrero y julio de este año, aproximadamente 13,200 personas migrantes—alrededor de 2,640 al mes, 88 por día— han recorrido esa ruta (Swissinfo, 2025). Aunque aún a cuenta gotas, este número da cuenta de un fenómeno que va tomando forma en los corredores de la región: tránsitos a la inversa, de vuelta al país de origen, o primeros o segundos destinos previos en Sudamérica.
Cómo se desarrollarán estas vidas en tránsito hacia el sur es algo que solo el tiempo dirá. Aún es pronto para dimensionar cuántos migrantes están transitando en reversa, de dónde son, a dónde y cómo regresan —las cifras oficiales son parciales y muchos países ni siquiera registran el fenómeno. Sin embargo, en su retorno al sur deberán enfrentar nuevos desafíos.
Los países sudamericanos que conforman los corredores migratorios están marcados por una compleja confluencia de violencias criminales, inestabilidad política, fragilidad económica, hostilidad hacia los migrantes y, en algunos casos, un alineamiento explícito con Washington, lo que probablemente incidirá en sus políticas migratorias y en el futuro de estos retornos. Colombia, Ecuador y Perú han firmado acuerdos de cooperación en “seguridad migratoria” con EE.UU. que pronto se materializarán. Ecuador, por su parte, ha impuesto visados para “transeúntes” y ha reforzado sus políticas de control migratorio, cerrando la posibilidad de regularización, especialmente para venezolanos, y abriendo la puerta a detenciones y deportaciones. Además, el gobierno actual contempla el retorno de bases militares estadounidenses como parte de la externalización militarizada de las fronteras en la región. Brasil también ha impuesto visados de tránsito para frenar la llegada de migrantes, sobre todo transcontinentales, que planean seguir hacia EE.UU. Chile, que solía ser uno de los principales polos migratorios, ha endurecido sus políticas con detenciones y deportaciones a lo largo de 2025. La llegada al poder de la administración del presidente electo José Manuel Kast promete exacerbar los controles y la deportación de extranjeros indocumentados. Aunque en Argentina este escenario aún no se ha materializado, el país también ha dado un giro restrictivo en sus políticas migratorias, limitando las vías de regularización.
Sumergidos en la incertidumbre, la precariedad y la irregularidad, quienes se desplazan al sur retornan con un conocimiento acumulado tras años de habitar el tránsito: saben moverse, tejer territorios de protección, leer la geografía de las Américas, sortear violencias y recrear estrategias de supervivencia. Así han vivido en lucha durante una década, ocho o cinco años; así han crecido sus hijos y han creado familias, comunidades y vidas en movimiento.
La gran pregunta recae entonces sobre las sociedades y Estados de tránsito y acogida que conforman estos corredores migratorios de las Américas por donde esas vidas no dejan de ir y venir: ¿estaremos a la altura de acompañar y sostener su lucha? Registrarla y amplificarla es solo un primer paso. Su resistencia encarna el derecho humano a tener un lugar digno y seguro donde existir, en cualquier rincón de las Américas. En sus cuerpos en movimiento se inscribe la geografía viva contemporánea del continente: corredores migratorios que no son simples vías de paso, sino que están entrelazados por historias de lucha y por la tensión latente entre la esperanza y la contención, disputando nuevas formas de reinventar y sostener las vidas en movimiento.
De sur a norte:
Trayectorias venezolanas y ecuatorianas en tránsito
Por Soledad Álvarez Velasco y Jennifer Ullmann Teixeira
Fotos: autoría Soledad Álvarez Velasco
En esta sección presentamos los resultados de un análisis minucioso de los testimonios de 26 personas migrantes —20 venezolanas y 6 ecuatorianas— recogidos en los diálogos colectivos realizados en Chicago en 2025. Desde una perspectiva comparativa, exploramos cómo nuestros interlocutores encarnan tránsitos irregularizados desde Ecuador y Venezuela hasta esta ciudad estadounidense, resaltando tanto sus puntos en común como las particularidades de sus experiencias.
Desde el lugar de destino y en retrospectiva, sus relatos reconstruyen trayectorias marcadas por desplazamientos principalmente por vía terrestre. Estas rutas atraviesan los corredores migratorios que conectan la Región Andina con Centroamérica, Centroamérica con México y México con Estados Unidos. En promedio, cruzaron más de diez fronteras nacionales y, en algunos casos, realizaron trayectorias de ida y vuelta por Sudamérica, acumulando múltiples experiencias migratorias, en particular en el caso venezolano.
Estas vivencias permiten comprender las causas que desencadenan sus salidas, el tránsito como experiencia vivida y en constante transformación, las estrategias que desarrollan para enfrentar las diversas formas de violencia estatal, social y criminal en ruta, así como los efectos de los regímenes fronterizos. Asimismo, los testimonios muestran qué implica cruzar fronteras e internarse en Estados Unidos, cómo es la vida en Chicago y las incertidumbres que introduce la posible llegada de Trump en sus trayectorias migratorias.
Si bien las personas migrantes de origen venezolano y ecuatoriano comparten condiciones estructurales de desigualdad en la región (ver sección Venezuela y Ecuador), sus trayectorias están marcadas por temporalidades diferenciadas, experiencias de tránsito distintas —especialmente en el caso de mujeres y de infancias en movimiento—, formas específicas de violencia y estrategias diversas de supervivencia. Estas experiencias dan cuenta de una lucha compartida a escala hemisférica que ha transformado las dinámicas de movilidad y control (ver sección Corredores migratorios).
¿Quiénes fueron nuestros interlocutores?
Las 26 personas migrantes venezolanas y ecuatorianas con quienes conversamos presentan perfiles diversos en términos de edad, origen social, pertenencia étnica, nivel educativo y experiencias de vida. Si bien no se recogió información sistemática sobre identidad de género, los relatos y las interacciones dan cuenta de la participación de personas con distintas experiencias de género. De las veinte personas que venían de Venezuela, la mayoría era mestiza, de origen urbano, hispanohablante y provenían de lugares como Caracas, Barquisimeto, Monagas, San Cristóbal, Maracaibo y Valencia, entre otras. Todas habían completado la educación primaria y secundaria, y una de ellas contaba con estudios superiores. Sus edades se concentraban principalmente entre los veinte y los treinta años. En el caso de las seis personas provenientes de Ecuador, la mitad se autoidentificaba como indígena kichwa hablante, originaria del cantón Saquisilí, en Cotopaxi. La otra mitad correspondía a población mestiza urbana de Quito. Sus edades iban entre los veinte y los cuarenta años. En términos educativos, solo una persona había completado la secundaria; el resto tenía educación primaria, en algunos casos incompleta. En ambos grupos participaron personas que se identificaban y eran reconocidas socialmente como mujeres y hombres. En promedio, nuestros interlocutores llevaban entre uno y cuatro años viviendo en Chicago. Todos habían llegado entre 2021 y 2024, durante la administración de Biden, en un contexto en el que percibían mayores posibilidades de ingresar a Estados Unidos.
¿Imaginaron emigrar alguna vez?
Ninguna de las 26 personas tenía en su horizonte de vida salir de su país de origen. Quienes venían de Venezuela insistían en que tenían una vida feliz y plena, basada en lazos familiares y en la vida colectiva, que jamás habrían querido dejar. Recordaban con mucho afecto a su país y traían a colación recuerdos de fiestas: la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños y los domingos en familia. Decían que nunca imaginaron dejar “su Venezuela” por otro país. Además, señalaban que migrar no formaba parte de su cotidianidad: nadie entre sus familiares o amigos había emigrado antes, por lo que habían sido pioneros en vivir esta experiencia, para la cual todo resultaba nuevo. Varios insistían en que salir de Venezuela había sido “la primera vez”: la primera vez que emigraban, que cruzaban fronteras y que experimentaban la vida como migrantes, como extranjeros. Y muchos decían que Venezuela nunca había sido un país que expulsara a su gente: “a Venezuela venía gente, nosotros no nos íbamos”. Entre ellos había un relato consciente del cambio en el patrón migratorio venezolano: de ser un país históricamente receptor a convertirse en uno de los principales expulsores a nivel regional y global, algo que les impactaba profundamente. Entre quienes venían de Ecuador, la percepción era similar, aunque con algunos matices. Dada la larga historia migratoria del país —que ha expulsado a su población desde finales de la década de 1960—, nuestros interlocutores ecuatorianos señalaban que tenían experiencias migratorias previas. De hecho, entre los participantes indígenas originarios de Cotopaxi, algunos mencionaron que tenían comuneros que habían emigrado en los años 2000. No obstante, al igual que los participantes venezolanos, insistían en que nunca se imaginaron salir del país. Para todos, su vida estaba en Quito, en Cotopaxi, en Ecuador. “Por difícil que fuese, es nuestra tierra”, decían. Era evidente en sus relatos que fueron las condiciones contextuales de deterioro abrupto en sus países las que terminaron por forzar su salida.
¿Por qué se fueron
de sus países?
La expresión recurrente entre nuestros interlocutores venezolanos y ecuatorianos era: “nos fuimos porque ya no se podía vivir ahí”. Sin embargo, para cada grupo esa frase tenía implicaciones distintas. En el caso venezolano, confluían la violencia urbana, la presencia de colectivos en las calles de las ciudades donde vivían, la imposibilidad de acceder a un trabajo digno —o a trabajo alguno—, el desplome de los salarios, que ya no alcanzaban para cubrir gastos mínimos, la escasez de medicinas y bienes básicos, y la ausencia de oportunidades a futuro. De manera sostenida, nos decían que en Venezuela no podían quedarse porque ya no veían cómo continuar con sus vidas ni cómo crear nuevos proyectos. En varios casos, la violencia estatal, las persecuciones y las amenazas de muerte se entremezclaban con un clima de empobrecimiento y deterioro generalizado. A esto se sumaba un “contagio” colectivo: “todo el mundo se iba”, “vecinos, primos, amigos, colegas”, lo que impulsaba a imaginar la migración como una opción para sostener la vida. En el caso ecuatoriano, también se entremezclaban las causas señaladas en la sección «Venezuela y Ecuador»: el empobrecimiento, la falta de oportunidades y, sobre todo, la violencia criminal. En algunos casos, nuestros interlocutores terminaron involucrados en complejas tramas de microtráfico de drogas o de circulación de dinero falso como forma de sobrevivir en Quito, lo que repercutía directamente en sus vidas. Sabían que, si no salían del país, ya no era posible vivir por fuera de los esquemas de una gobernanza criminal que se expandía de manera sostenida. En otros casos, fueron víctimas directas del crimen organizado: por ejemplo, al transportar productos agrícolas del campo a la ciudad, fueron asaltados y violentados en la carretera. Otros señalaban que las formas de sobrevivencia eran tan precarias que corrían el riesgo de caer en economías ilícitas —pasando, por ejemplo, del reciclaje informal a otros circuitos ilegales—. Para evitar quedar atrapados en estas dinámicas, decidieron emigrar en un contexto marcado por extorsiones y amenazas.
¿Tuvieron experiencias
migratoria previas?
Entre los interlocutores de Ecuador, quienes se autoidentificaban como indígenas de comunidades de Cotopaxi, tenían experiencia previa de migración interna desde el campo —sus comunidades de origen— hacia la capital, Quito. Sin embargo, no habían salido de Ecuador antes. En cambio, entre los venezolanos sí: más de la mitad contaba con experiencias migratorias en otros países sudamericanos donde habían vivido previamente, como Colombia, Perú o Ecuador. En algunos casos, incluso habían residido en varios de estos países antes de reorientar su proyecto migratorio hacia Estados Unidos. Esto implicaba que contaban con un aprendizaje acumulado sobre cómo cruzar fronteras sudamericanas por trocha, es decir, por pasos terrestres y fluviales no habilitados, pagando y negociando con guías, coyotes, policías corruptos o miembros del crimen organizado. Por otro lado, sabían cómo organizar sus rutas: cómo ir, por dónde ir, con quién ir y cómo cuidarse. Asimismo, traían consigo un cúmulo de experiencias migratorias previas que les había permitido comprender lo que implica ser migrante en Sudamérica. Habían enfrentado discriminación y xenofobia, armado y desarmado hogares, encontrado trabajo en la calle, construido comunidades migrantes y aprendido a guiarse mediante el consumo constante de información digital —en TikTok y otras redes sociales— sobre cómo sobrevivir, a dónde ir y cómo sostenerse fuera de Venezuela.
¿Por qué quisieron ir
a EE.UU.?
Los 26 participantes coincidieron en que, aunque no habían contemplado migrar antes, EE.UU. fue emergiendo gradualmente en su horizonte como destino. Entre los ecuatorianos mestizos de contextos urbanos, esta posibilidad se fue configurando a través de redes sociales como TikTok, Instagram y WhatsApp. Allí observaban cómo conocidos, familiares, vecinos y amigos emprendían la ruta hacia el norte. A través de videos y relatos digitales, se familiarizaron con el trayecto —desde la salida de Ecuador, el cruce del Darién hasta Centroamérica y México—, así como con representaciones de la vida en EE.UU. Esta circulación digital de experiencias y expectativas fue sedimentando una imagen del país como abundante, moderno, lleno de oportunidades y relativamente seguro, que terminó por impulsar la decisión de partir. Entre los participantes indígenas, en cambio, la decisión estuvo más anclada en las redes familiares comunitarias. Siguieron las trayectorias de comuneros de Cotopaxi, parientes y conocidos que, a través de WhatsApp y Facebook, compartían tanto el recorrido como sus experiencias en Chicago. Contar con familiares en el destino fue clave: estos no solo guiaron el trayecto —qué rutas seguir, cuánto dinero llevar, dónde ir—, sino que también transmitieron una evaluación ambivalente de la vida en EE.UU.: dura y exigente, pero económicamente viable. Aun así, la imagen de un país con oportunidades y sin violencia urbana resultó decisiva. Entre quienes provenían de Venezuela, algunos partieron directamente hacia EE.UU., impulsados por la expectativa de una vida próspera, segura y libre de persecución política, así como por la posibilidad de regularizar su situación bajo el Temporary Protected Status vigente en ese momento. Para otros, que habían migrado previamente a Ecuador, Colombia o Perú, la decisión de continuar hacia el norte surgió ante el progresivo deterioro de sus condiciones de vida en estos países, lo que terminó por expulsarlos. En ambos casos, la construcción del “sueño americano” —alimentada por circuitos digitales de información migratoria fundamentalmente vía TikTok, Instagram, WhatsApp y Facebook— jugó un papel central en la decisión de emprender la ruta.
¿Por dónde y cómo transitaron desde Ecuador y desde Venezuela hacia el norte?
De los 26 participantes, solo dos no siguieron la ruta terrestre que articula la región andina —Venezuela, Colombia, Ecuador y, en algunos casos, Perú— con Centroamérica. Se trató de dos miembros de la comunidad kichwa de Cotopaxi, quienes viajaron por vía aérea hasta El Salvador y, desde allí, continuaron por tierra hacia México. Optaron por esta estrategia porque los ciudadanos ecuatorianos no requieren visa previa para ingresar a ese país. Sin embargo, volar a El Salvador y demostrar solvencia económica implica disponer de recursos significativos. Para ello, esta pareja contrajo una deuda superior a 20.000 dólares con un banco local. Se trata de una opción inaccesible para la mayoría, incluidos los demás participantes ecuatorianos. Por esta razón, tanto ellos como la totalidad del grupo venezolano optaron por la ruta terrestre. Así, la mayoría de los interlocutores recorrió el corredor migratorio combinando trayectos en bus, camión, taxi y largos tramos a pie. En ese recorrido cruzaron múltiples fronteras: Venezuela–Colombia, Ecuador–Colombia, en algunos casos Perú–Ecuador, y luego Colombia–Panamá a través del Darién —uno de los tramos más peligrosos de la ruta, caracterizado por condiciones extremas y múltiples riesgos—. Desde allí continuaron por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y, finalmente, Estados Unidos. Entre quienes partieron desde Ecuador por tierra, relataron haber enfrentado sobreprecios en el transporte, así como pagos informales a policías y controles en las carreteras colombianas, hasta llegar a Necoclí, punto de salida previo al cruce selvático del Darién. Por su parte, quienes salieron desde Venezuela describieron cruces previas a Colombia realizadas por trochas, es decir, pasos clandestinos terrestres y fluviales, en los que debieron pagar a intermediarios —guías locales, controladores del territorio, policías y militares coludidos— para avanzar. Había una sensación generalizada de que cada paso que daban debían pagar, y de que los ecuatorianos eran vistos como fuentes de dólares por quienes abusaban de ellos en cobros recurrentes e incluso abusivos, por la logística del tránsito. Tanto ecuatorianos como venezolanos coincidieron en que el viaje se realizaba en grupos y bajo la guía constante de comunidades digitales. A través de redes sociales accedían a información y la actualizaban sobre rutas, tiempos, costos y estrategias de cruce. Esta circulación de conocimiento digital migratorio se convirtió en una de sus principales formas de orientación y protección a lo largo del trayecto.
Cruzan el Darién
Con excepción de dos participantes indígenas de la comunidad kichwa de Cotopaxi, los 24 restantes llegaron a Necoclí —ciudad fronteriza en el Golfo de Urabá— y atravesaron la selva del Darién. Durante los grupos focales, la rememoración de ese cruce fue uno de los momentos más difíciles. Se produjo una suerte de catarsis colectiva: los relatos se entrelazaban, se completaban y se confirmaban mutuamente, configurando una narrativa coral de una experiencia compartida. El cruce comenzaba con la negociación con los guías —necocliseños vinculados al Clan del Golfo— que controlaban la logística del tránsito. Esto implicaba pagar por los trayectos en lancha por el Caribe, pernoctar en albergues en Capurganá o Acandí y prepararse para la travesía selvática. En Necoclí, todos recordaban haber adquirido “kits para la selva” en puestos informales del muelle: pastillas de cloro para potabilizar el agua, botas, ponchos, repelente y carpas. Muchos también durmieron en campamentos improvisados en la playa antes de iniciar el recorrido. Para todos, el Darién fue una experiencia de supervivencia colectiva, marcada por la proximidad constante de la muerte y por las formas de sostén mutuo que emergían en el camino. Dormían en carpas compartidas, distribuían comida, acompañaban el dolor físico y emocional y se daban fuerza mediante rezos y cantos. En sus relatos, la muerte aparecía de forma recurrente: cuerpos abandonados en el camino, personas que caían por pendientes o eran arrastradas por los ríos, otras que quedaban varadas en la selva sin posibilidad de continuar. Al mismo tiempo, emergían formas de cuidado colectivo. Entre las mujeres, los relatos daban cuenta de estrategias específicas para protegerse de abusos y violencias sexuales, así como para sostener el cuidado de sus hijos, de sus parejas y de sí mismas en condiciones extremas, incluso durante el periodo menstrual. Para todos, el cruce fue una experiencia profundamente traumática —única e irrepetible— que nadie desearía. Aunque muchos se habían preparado previamente viendo videos en redes sociales sobre la travesía, insistían en que nada se compara con enfrentarla. No solo por los peligros del entorno selvático, sino también por los riesgos humanos a los que fueron expuestos como efecto de regímenes fronterizos que, al imponer visados según la nacionalidad, los empujan a atravesar rutas altamente peligrosas. La impronta del Darién, decían ellos, perdura en pesadillas recurrentes, en su memoria y en sus cuerpos.
Mujeres transitando
el Daríen
Mujeres transitando el Darién El impacto del tránsito migratorio en las mujeres comienza incluso antes de que la travesía arranque. En sus países de origen, las venezolanas y ecuatorianas ya enfrentaban un miedo persistente e ineludible: ¿cómo defenderse? ¿Cómo atravesar la selva siendo mujer? ¿Cómo escapar de la violencia sexual? “[...] me daba miedo pasar la selva porque nosotros nos poníamos ahí video, todo el mundo decía que era fuerte, que violaba, que secuestraba, que mataban y todo eso, y le decía que yo no me sentía capaz de pasar eso” (ecuatoriana, 21 años) Durante su paso por la selva del Darién, sus cuerpos fueron llevados al límite. Relataban las formas en que sentían su deterioro físico, dolor constante en sus extremidades y también la pérdida de uñas: experiencias que afectaron no solo su salud corporal, sino también su bienestar emocional. Muchas contaban que habían dejado de reconocerse a sí mismas: cambiaron su corporalidad, su fisonomía — decían verse demacradas, irreconocibles o con cambios en su piel, más bronceadas por el sol, muy enrojecidas o con su piel entrecortada. Incluso la falta de acceso a condiciones básicas de higiene adquiere una dimensión íntima: cruzar la selva menstruando y perder la ropa interior las hizo sentir que habían perdido todo. La culpa materna acompañó cada paso de quienes viajaban con sus hijos. Atravesar la selva con ellos implicó llorar con frecuencia, cargando con la culpa de exponerlos a un agotamiento extremo. Y, sin embargo, en medio de ese sufrimiento, sus hijos también fueron su mayor sostén: una fuente de fuerza que las impulsaba a seguir adelante y les recordaba el sentido de la travesía.
¿Cómo las infancias experimentan el tránsito migratorio?
En los testimonios de madres y padres participantes, se evidenciaba que sus hijos e hijas —niñas y niños migrantes de Ecuador y Venezuela— también protagonizaban los tránsitos de sur a norte. Las infancias no son simples acompañantes pasivos: comprenden la travesía y el destino al que sus familias aspiran a llegar. En muchos casos, incluso, se convierten en una fuerza central que sostiene el movimiento: caminan al frente y lanzan palabras de aliento para que sus padres puedan continuar. “Mi hijo era el que me daba fuerza. A mí, mami no llore, mami usted puede, mami tenemos que salir de aquí.” (venezolana, 39 años) Al mismo tiempo, se trata de infancias venezolanas y ecuatorianas en movimiento, expuestas a la violencia, al hambre y a la muerte. “¿Cuándo vamos a salir, mami?”, preguntan niñas y niños que atraviesan un recorrido de profundo impacto emocional y traumático. Los relatos también muestran cómo las infancias forman parte de una continuidad cultural y de una colectividad migrante. Antes incluso de iniciar la travesía, se transmiten reglas informales para el cruce, como “no maltratar a los niños”. Además, durante el recorrido, las familias se apoyan mutuamente para ayudar a quienes llevan niños pequeños. Se teje así una red de solidaridad y cuidado colectivo que permite a familias, más allá de los lazos de sangre, atravesar juntas la selva.
Después del Darién ¿qué sigue en la ruta migratoria por América Central?
En los relatos de los interlocutores de los grupos focales, se evidenciaba que, al terminar el cruce por la selva, la dificultad no cesaba. Un largo trayecto de agotamiento y explotación acompañaba a estas personas migrantes a lo largo de América Central. En los primeros tramos por Panamá y Costa Rica, los relatos no se centraban aún en la violencia, sino en el desgaste de un recorrido interminable: caminar, dormir en la calle, tomar autobuses y volver a caminar. Es una narrativa marcada por la extenuación, pero también por un profundo quiebre: muchos se vieron obligados a pedir dinero en la calle por primera vez en sus vidas. Con vergüenza y dolor, relatan que nunca imaginaron encontrarse en esa situación para sobrevivir. A partir de Nicaragua, las dificultades se intensificaron. Para cruzar el país y llegar a Honduras, las extorsiones se convirtieron en una condición para avanzar. En estos territorios, las amenazas escalaban: frente a armas y cuchillos, las personas migrantes quedaban atrapadas en una decisión brutal: “o pagas y sigues” o “mueres y te quedas aquí”. En Guatemala, los testimonios coincidían en recordar un periodo de terror: extorsiones constantes, abusos policiales y acoso hacia las mujeres. Cuando parecía que el final estaba cerca, el agotamiento y el miedo no disminuían, sino que se profundizaban aún más. “[...] todo en Guatemala es horrible, uno va adentrando, la policía, todo el mundo con armas, usted lo viera como que fuera algo tranquilo, con sus pistolas, uno va adentrando y dice, no, dice que ya me robaron, es lo primero que piensa” (ecuatoriano, 27 años).
México, la última parada
antes de EE.UU.
México, la última etapa antes de llegar a Estados Unidos, aparece en los relatos de las personas migrantes como una verdadera pesadilla. A pesar de haber cruzado la selva, muchos describen México como el tramo más duro de toda la ruta: un escenario de violencia constante, extorsión y encuentros con cárteles y grupos criminales. Es aquí donde varios enfrentan el mayor miedo de sus vidas: secuestros, separaciones familiares y la pérdida total de lo poco que llevaban consigo. Una familia relata haber permanecido 15 días en cautiverio, en un estado de pánico absoluto, durante los cuales sus hijos enfermaron. En México, además, las personas migrantes se ven obligadas a subir al tren, donde sus cuerpos vuelven a ser llevados al límite en un nuevo episodio de agotamiento extremo. El trayecto implica enfrentar el frío, la inseguridad y, nuevamente, el riesgo de robos en el camino. Sin embargo, en medio de estos relatos de terror, también, emerge la importancia de los refugios a lo largo del país. Los espacios donde poder bañarse, comer y recibir ropa limpia se convierten en un respiro vital, un momento de dignidad y una esperanza renovada antes de continuar hacia el destino final. “En México es el país que yo veo que es más difícil. El peligro de que secuestran. Que uno tiene temor. Porque se escuchan muchas historias. Y que es más difícil en las puertas del transporte. Porque no te dejan montarte en los transportes. Te bajaban.” (venezolano, 39 años).
Cruzar la frontera
México -EE.UU.
Para los 26 participantes, cruzar la frontera entre México y EE.UU. fue un momento extremadamente desafiante. Llegaban tras días y semanas de un esfuerzo sobrehumano, habiendo atravesado más de diez fronteras —en su mayoría por rutas terrestres— y sorteado múltiples formas de violencia estatal, criminal y geográfica. Después de recorrer la vastedad del territorio mexicano, este último tramo exigía un esfuerzo final: un último impulso de resistencia, valentía y fuerza. Todos llegaron a la frontera durante los años de la administración Biden (2021–2023) y coincidieron en que el cruce en sí mismo no fue necesariamente el momento más complejo del trayecto. Muchos atravesaron por puentes fronterizos —ya fuera por pasos oficiales o por el río Bravo— y se entregaron a la Border Patrol para iniciar su proceso de ingreso. Sin embargo, las trayectorias divergieron una vez dentro. Algunos fueron retenidos durante varios días en centros de procesamiento, donde se registraron sus datos y expusieron las razones de su llegada, generalmente en el marco de solicitudes de asilo. Posteriormente, fueron liberados y trasladados a ciudades donde contaban con redes de apoyo. Otros, en cambio, permanecieron detenidos y fueron transferidos a centros de detención, desde donde fueron deportados a México. En estos casos, debieron reemprender la ruta e intentar el cruce una o más veces hasta lograr ingresar. También hubo quienes cruzaron por pasos no autorizados y evitaron los centros de procesamiento: algunos lograron continuar su trayecto hacia ciudades como Chicago, mientras que otros fueron detenidos en Texas y deportados, lo que los obligó a reiniciar el recorrido días después. Entre quienes ingresaron mediante procesos formales, todos fueron admitidos con un “Alien Number”, lo que abría la posibilidad de permanecer en el país de forma provisional, aunque bajo riesgo de deportación. Su permanencia dependía de procesos legales posteriores, como solicitudes de asilo o, en el caso de los venezolanos, el acceso al Temporary Protected Status (TPS). Para algunos, esta se convirtió en una batalla legal que lograron sostener; para otros, no, quedando en condición indocumentada y expuestos a detención y deportación, especialmente ante el endurecimiento de las políticas migratorias recientes.
¿Cómo es la vida en Chicago?
“[...] ha sido duro para poder llegar acá y aún así también ha sido duro aquí para conseguir trabajo y a lo menos es, a veces nos despide de los trabajos, a veces nos maltratan.” (ecuatoriano, 38 años) La vida en Chicago está lejos del ideal del “sueño americano”. Al llegar, muchas personas migrantes se encuentran con un sistema de refugios colapsado, en el que no siempre hay espacio suficiente, lo que ha obligado a algunos a dormir en estaciones de policía o en la calle, expuestos a condiciones de alta vulnerabilidad y al intenso frío de la ciudad. A esto se suma la dificultad para acceder al empleo: gran parte de los recién llegados no cuenta con permisos de trabajo, lo que limita sus posibilidades de sostenerse de manera autónoma. Así, muchos vuelven a enfrentarse a sentimientos de vergüenza y frustración al depender de la ayuda de otros para sobrevivir. Mientras que los migrantes ecuatorianos comparten relatos marcados por la explotación y la humillación laboral, los venezolanos cargan con el peso de la discriminación. Diversos testimonios narran experiencias de xenofobia, estigmatización y rechazo, incluyendo la etiqueta de “criminales” y el desprecio incluso por parte de otros grupos latinos. A pesar de las dificultades, la esperanza persiste. Para muchas familias, ver a sus hijos adaptarse a la escuela y al idioma se convierte en una motivación fundamental para seguir adelante y dar sentido a todo lo vivido. También destacan la importancia de estar en una ciudad santuario, así como el apoyo recibido de organizaciones y personas solidarias que orientan, acompañan y brindan recursos en momentos clave. En sus relatos, también aparece la maravilla: la arquitectura de la ciudad, la imponencia del lago Michigan y el acceso a tecnologías que nunca habían conocido en sus países de origen. Pero, en el fondo, la nostalgia permanece. La comida ecuatoriana, las playas venezolanas—lugares que muchos no cambiarían si tuvieran la opción—siguen siendo parte viva de lo que dejaron atrás.
La amenaza de
Trump 2.0
Los grupos focales se realizaron entre febrero y marzo de 2025, en los primeros meses de la nueva administración de Trump. Aunque el gobierno apenas comenzaba, su giro abiertamente antiinmigrante ya se había instalado. Desde el inicio, se implementaron medidas orientadas a restringir el acceso al asilo, suspender procesos migratorios y reforzar las políticas de detención y deportación. Entre los 26 participantes, emergía un consenso claro: miedo e incertidumbre ante lo que podría venir. Después de todo el esfuerzo invertido para llegar a EE.UU. e insertarse en ciudades como Chicago, la posibilidad de ser detenidos y deportados parecía un golpe súbito y profundamente doloroso. Para muchos —tanto venezolanos como ecuatorianos— esta amenaza era relativamente nueva. A diferencia de otras comunidades migrantes con trayectorias más largas en EE.UU., no contaban con experiencias previas ni redes familiares que les permitieran anticipar o comprender plenamente las lógicas de las redadas, detenciones o deportaciones. En consecuencia, enfrentaban este escenario con escasa información sobre sus posibles alcances o sobre cómo responder. Aun cuando llevaban poco tiempo en el país —en la mayoría de los casos, menos de dos años— comenzaban a asimilar que su vida en EE.UU. estaría marcada por una amenaza constante: la imposibilidad de regularizarse, la dificultad de acceder al asilo, la eventual pérdida del TPS en el caso de los venezolanos y el riesgo permanente de detención y deportación. Estas preocupaciones no eran infundadas: las nuevas políticas han buscado restringir los programas de protección temporal y ampliar los mecanismos de expulsión. Aprender a vivir bajo esa incertidumbre no era fácil. Sin embargo, todos insistían en algo: la fuerza y la esperanza que los habían sostenido en el tránsito seguían presentes. Si habían logrado atravesar el continente de sur a norte hasta llegar a Chicago, también podrían enfrentar lo que estaba por venir.
Voces migrantes de Venezuela y Ecuador:
Salida, tránsitos, llegada y la vida en Chicago
Fotos: autoría Soledad Álvarez Velasco
En esta sección encontrarán 63 testimonios que emergen de 26 grupos focales realizados en Chicago en 2025 con migrantes de Ecuador y de Venezuela. Sus voces configuran un mapa polifónico: un archivo sonoro que reúne múltiples experiencias y perspectivas que se entrelazan sin reducirse entre sí, permitiendo escuchar directamente cómo cada persona interpreta su propia trayectoria migrante. A través de estos testimonios, podrán explorar: · Causas que detonaron la salida de Ecuador y Venezuela · Experiencia de transitar de sur a norte, atravesando fronteras sudamericanas, la selva del Darién, Centroamérica y México · Cruce de la frontera entre México y EE.UU. · La vida en Chicago · Las amenazas que enfrentan bajo la segunda administración de Trump Este mapa también funciona como un archivo digital migrante del presente, que documenta las trayectorias de ecuatorianos y venezolanos que formaron parte de uno de los procesos más complejos que, entre 2021 y 2024, reconfiguraron el corredor que conecta la Región Andina y Centroamérica a través del Darién. Sus voces no solo narran el tránsito sino también las luchas cotidianas por sostener la vida a través de múltiples fronteras. En este tejido de voces hemos dado un lugar central a las experiencias de mujeres y de infancias en tránsito —especialmente en el Darién—, dada la especificidad de las violencias que enfrentan y las formas en que las resisten. No existe un orden único de escucha. Ustedes, como lectores y oyentes, pueden recorrer libremente los testimonios: explorar según sus intereses, volver sobre ciertas voces o trazar sus propios itinerarios dentro del archivo.
Experiencia de transitar de sur a norte, atravesando fronteras sudamericanas, la selva del Darién, Centroamérica y México
La vida en Chicago
